Marta Azmitia y la historia detrás de la ley de donación de órganos

La fundación Donaré Guatemala fue creada en 2004 por Marta Azmitia de Hernández, y Mayra Gabriel. El principal objetivo de esta organización civil es crear y promover la cultura de donación en el país, motivando a las personas a donar sus órganos y tejidos.

Un hecho lamentable en su vida motivó a esta mujer a emprender una cruzada por la vida. Su hija Ana Lucía decidió poner fin a su vida a los 19 años. «Cuando me dijeron que ella no iba a vivir, que era muy poco probable que fuera a vivir, yo le dije al médico que la estaba evaluando, que hiciera lo que pudiera pero que, si no se puede hacer nada, que done sus órganos. No sé por qué lo hice, no fue porque alguien me dijo, uno de madre está en shock», cuenta Azmitia.

Sin embargo, la falta de una ley que permitirá la donación voluntaria de órganos de personas fallecidas y la falta de los equipos médicos necesarios para realizar las transfusiones, impidió cumplir su deseo.   

Ello motivó a Marta Azmitia de Hernández a promover la aprobación de una ley de donación de órganos en Guatemala, para que este tipo de prácticas médicas pudieran llevar a cabo de forma segura y legal, Y junto a Mayra Gabriel crearon la fundación Donaré, para que las personas tuvieran conocimiento sobre la importancia de donar los órganos de las personas o familiares que han fallecido, para dar vida a otras que lo necesitan.    

En 2008, cuando la fundación se encontraba en sus inicios, Marta y miembros de la fundación, comenzaron a realizar visitas al área de trasplantes en el Hospital General San Juan de Dios, en donde observaron la precariedad en la que se encontraba, por lo que comenzaron a tomar acciones para mejorarla. 

«Creamos la fundación para promover la cultura de donación de órganos, sobre todo entre los jóvenes, ya que es una oportunidad para dar vida, y dejen de verlo como un tabú». Tras constatar las condiciones en que se encontraba el área de trasplantes del San Juan de Dios, «comenzamos a equipar la a través de un aporte de Cervecería Centroamericana y luego revisamos la ley de trasplantes que estaba vigente desde el año de 1996», agrega.

En 2012 presentaron la primera iniciativa al Congreso de la República, pero fracasaron en el intento. Con el apoyo de los diputados Felipe Alejos, presentaron una segunda iniciativa ese mismo año, a las que se sumó el entonces presidente de la Comisión de Salud, Roberto Kestler. Peor fue hasta finales de febrero de este año que fue aprobada la Ley para la Disposición y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células Humanas.

La ley establece la creación de una lista única de personas que necesiten un trasplante a nivel nacional. Los pacientes trasplantados en el Hospital General gozarán de medicación gratuita durante toda su vida. La máxima autoridad en la materia será el Consejo de Trasplantes que estará integrado por representantes del Ministerio de Salud, el Ministerio Público, el Colegio de Médicos, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la Universidad de San Carlos de Guatemala, las facultades de Medicina del país y las asociaciones civiles involucradas en el tema.

«Lo último que se reformó es el Código Penal: antes la pena por el tráfico de órganos era de seis meses de cárcel inconmutables por seis salarios mínimos. Hoy son de 15 a 20 años inconmutables. No es para meter a gente a la cárcel, es para que no lo hagan», recalcó Azmitia.

En promedio, cada año unas 480 personas esperan la donación de un órgano. Y la posibilidad de obtenerlo hasta antes de la ley, era mínima.

Los pacientes renales, con un trasplante de riñón pueden volver a ser productivos. Por eso es importante promover la cultura de donación para obtenerlos en la mayor cantidad posible. «Los médicos ya están listos para hacer trasplantes cardíacos, pero mientras no tengamos una donación constante de órganos no es posible ofrecer corazones en UNICAR (Unidad de Cirugía Cardiovascular), porque como se va a crear una lista de espera sin tener que ofrecerles», señala Azmitia.

Otro factor importante son los costos de los trasplantes. Dependiendo del equipo que se necesite, los costos oscilan entre Q35 mil y Q50 mil.

Según Azmitia, las actas de declaración juradas no son suficientes para llevar a cabo una donación. Obligatoriamente se debe tener el consentimiento de los familiares del difunto para que se pueda llevar a cabo el proceso. Cuando ya se tiene dicho consentimiento, el Ministerio Público puede realizar el protocolo donde se establezca que los familiares conceden la autorizan respectiva. 

«Cuando los médicos confirman la muerte encefálica, se convoca al Ministerio Público. Cuando presentan los protocolos, se les presentan a la familia. Si la familia dice que sí se quitan los órganos, sino no, aunque usted haya firmado, aunque usted lo haya dejado con el abogado, no se hace sin esa autorización. Cuando usted fallece, los mandatos no sirven porque usted ya no está», explica Azmitia.