La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO), bajo el respaldo del Ministerio de Economía (MINECO), presentó 42 denuncias penales ante el Ministerio Público (MP) por posibles delitos de especulación en la venta de combustibles.
Esta medida responde a una estrategia estatal para contener las anomalías detectadas en el mercado energético y sancionar a los actores que se han distanciado de la normativa de precios vigente.
Las acciones legales derivan directamente de los hallazgos documentados en el marco del Plan Centinela, un operativo de vigilancia nacional que monitorea el comportamiento de los precios en las estaciones de servicio.
Del total de los expedientes presentados, 17 tienen su origen en las verificaciones de campo realizadas por el personal de la DIACO, quienes constataron inconsistencias directas en diversos puntos del país.
Las restantes 25 denuncias se fundamentan en informes de carácter técnico emitidos por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), los cuales confirman alzas injustificadas que carecen de sustento en la estructura de costos real.
Durante el proceso de fiscalización, las autoridades identificaron incrementos significativos en los precios finales que no guardan relación con las condiciones actuales del mercado internacional ni con factores externos que validen tales ajustes.
La identificación de estos márgenes sugiere una manipulación deliberada que afecta directamente el poder adquisitivo de la ciudadanía guatemalteca y la estabilidad económica sectorial.
Ante este escenario, la DIACO reafirmó su compromiso de mantener una vigilancia permanente en todo el territorio nacional para garantizar la transparencia y proteger los derechos de los consumidores.
La institución ha advertido que continuará con los monitoreos exhaustivos, dejando claro que el traslado de estos casos al Ministerio Público busca sentar un precedente legal contra la fijación arbitraria de precios en un sector estratégico para el país.
