- Guatemala a registrado avances clave en favor de los Derechos Humanos de las mujeres en los últimos años.
El informe del proyecto “Historia del Feminismo Jurídico en Guatemala. Mujeres, democracia y transformaciones legislativas”, fue presentado por la doctora en derecho Glenda García García en el cual recopila y analiza las leyes y reformas claves aprobadas en el país en favor de las mujeres.
Como parte de la investigación, se entrevistó a diez profesionales con trayectoria en la promoción y aprobación de normativas orientadas a garantizar la participación de las mujeres en la vida social y política de Guatemala.
Entre ellas destaca Hilda Morales Trujillo, reconocida por su defensa de los derechos humanos de las mujeres.
En honor a su trayectoria, la Escuela de Ciencias de la Comunicación (ECC) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) inauguró el Fondo Bibliográfico Feminista que lleva su nombre.
Morales Trujillo es abogada y notaria, magíster en Derechos Humanos, docente universitaria y fue vicepresidenta de la Asamblea de Delegadas de la Oficina Nacional de la Mujer (ONAM), en representación de la USAC.
Uno de sus logros en ese espacio fue la incorporación del uso del género femenino en los títulos profesionales universitarios.
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Avances legislativos en igualdad económica y familiar
Consultada sobre los principales cambios legislativos, la experta en Derechos Humanos mencionó avances significativos en el ámbito económico, especialmente con las reformas al Decreto Ley 106 del Código Civil.
Destacó el artículo 109, sobre la Representación Conyugal, que equipara la autoridad entre hombres y mujeres dentro del hogar, tanto en la educación de los hijos como en la gestión de la economía familiar (patria potestad).
Asimismo, señaló que se reformó el artículo 131 sobre Administración de bienes, estableciendo que, bajo el régimen de comunidad absoluta, ambos cónyuges pueden y deben administrar el patrimonio conyugal.
Estas reformas fueron aprobadas mediante el Decreto 80-98 del Congreso de la República de Guatemala.
“Por esos deberes y derechos, las mujeres debían pedir permiso al marido para dedicarse a un empleo, un arte o una industria. Con las reformas, se establece la igualdad de derechos sin importar el estado civil de la mujer”, precisó Morales Trujillo.
Entre 1998 y 1999, se logró la despenalización del adulterio, que anteriormente solo aplicaba como delito para las mujeres, no así para los hombres, lo cual significó un paso importante en la erradicación de la violencia legal y simbólica contra la mujer.
El informe precisa que otro avance relevante fue la declaración de inconstitucionalidad del artículo 200 del Código Penal en el 2005, el cual eximía de responsabilidad penal al agresor sexual si se casaba con la víctima tras la violación.
“Esta eliminación representó un hito en la lucha contra la discriminación jurídica hacia las mujeres”, afirmó la profesional del derecho.
Señaló que los cambios permitieron también la exclusión de los delitos de adulterio y concubinato del Código Penal, lo cual facilitó la implementación de medidas como el reconocimiento del derecho a la manutención de los hijos y al divorcio.
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Protección contra la violencia sexual y el femicidio
El informe precisa que, en los últimos años, se han aprobado leyes fundamentales en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Entre ellas se encuentran la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, y la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer.
Estas normativas han sido claves en la actualización del Código Penal, al tipificar como violación sexual cualquier relación con una persona menor de 14 años, independientemente del consentimiento.
En el ámbito social, el informe también resalta la aprobación de la Ley de Acceso Universal y Equitativo a los Servicios de Planificación Familiar, que establece la integración de estos servicios dentro del Programa Nacional de Salud Reproductiva.
La ley garantiza el acceso a métodos de planificación familiar como un derecho fundamental.
A pesar de los avances, Morales Trujillo consideró que aún existen leyes que requieren reformas o nuevas propuestas legislativas.
Entre ellas, mencionó la necesidad de modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para establecer garantías reales de empoderamiento, autonomía y paridad en cargos de elección popular para las mujeres.
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