- La ampliación del plazo para cumplir con el gravamen hasta diciembre obligará a realizar ajustes en la programación financiera del Estado; sin embargo, el erario no sufrirá.
El Congreso de la República aprobó el Decreto 19-2026, que amplió el plazo para poder pagar hasta el último día hábil de diciembre el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV). La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó que sus sistemas comenzaron a aplicar las nuevas disposiciones y manifestó ser respetuosa de las decisiones del Organismo Legislativo.
Ricardo Barrientos, especialista en política fiscal y director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), explicó que la extensión sí modifica las acciones del Ministerio de Finanzas Públicas, debido a que los ingresos y gastos del Estado son programados mensualmente.
No obstante, considera que el efecto es reducido. “No hay riesgos fiscales que puedan preocupar. Es un problema de la fecha”, afirmó. Desde su punto de vista, el efecto consiste en un desajuste temporal en la programación financiera, pues el impuesto deberá pagarse independientemente de la ampliación. Además, señaló que no es de los principales ingresos tributarios del país.
“No es una exoneración, ni una exención, es una prórroga, por lo que de todas maneras hay que pagarlo.”, enfatizó.
En una línea similar, el economista Edgar Guerra manifestó que el retraso en el ingreso de los recursos sí obliga al Estado a modificar su planificación. “Directamente el flujo de recursos se verá afectado, ya que deberá ajustarse a esta nueva medida el presupuesto y la planificación, así como la ejecución presupuestaria”, indicó.
Guerra advirtió que entre los posibles riesgos están reacomodos en la ejecución de obra pública y otros compromisos adquiridos por el Estado. Sin embargo, Barrientos matizó este escenario y sostuvo que, aunque puede existir un pequeño desafío de programación financiera, el impacto presupuestario de la prórroga no sería significativo.
SAT ya alcanzó el 88 % de la meta
Los datos más recientes de la SAT muestran que una parte importante de los recursos previstos para este año ya ingresó a las arcas públicas.
Al 11 de agosto, la institución había recaudado Q1 mil 314.61 millones, equivalente al 88 % de la meta de Q1 mil 495.13 millones establecida para 2026. Esto deja alrededor de Q180.52 millones pendientes para alcanzar el objetivo anual.
La SAT también reportó un parque vehicular de 6 millones 697 mil 56 vehículos. De estos, 5.54 millones, el 83 %, ya habían realizado el pago, mientras que 1.16 millones, equivalentes al 17 %, continúan pendientes.
Más allá del impacto inmediato sobre las finanzas públicas, Barrientos anotó sobre las consecuencias de normalizar las ampliaciones de los plazos tributarios. “No deberíamos irnos acostumbrando a que siempre nos van a estar dando prórrogas”, señaló.
El especialista reconoció que la medida puede representar un alivio para familias que enfrentan dificultades económicas, pero recordó que el pago de impuestos constituye una responsabilidad ciudadana y forma parte del contrato social.
Hizo ver que una medida coyuntural puede considerarse un beneficio social ante las dificultades económicas de las familias guatemaltecas, pero alertó que, si este tipo de decisiones se vuelve permanente, podría generar efectos no deseados en la planificación de la recaudación y ejecución del Organismo Ejecutivo.
