- Qué repercusiones tendrá en las finanzas de las comunas lo resuelto respecto del Impuesto Único Sobre Inmuebles aún son inciertas. Especialistas señalan que faltan datos para determinar cuánto dejarán de recaudar y advierten aspectos jurídicos que deberán aclararse.
El Decreto 18-2026, aprobado por el Congreso de la República, no elimina el IUSI, sino que establece una tasa cero para viviendas, explicó Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). “En ese régimen usted no paga el gravamen, pero usted sigue estando afecto”, indicó.
Según Barrientos, en 2025 se recaudaron Q1 mil 876 millones por IUSI, de los cuales Q1 mil 419 millones, el 76 %, se concentraron en cinco municipalidades: Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Santa Catarina Pinula y San Miguel Petapa.
Sin embargo, todavía se desconoce cuánto de esa recaudación corresponde exclusivamente a viviendas y cuánto proviene de inmuebles comerciales u otros usos.
La reforma también establece que el 3 % del Impuesto de Timbres Fiscales generado en determinadas compraventas de vivienda sea destinado a las municipalidades. Por ello, Barrientos sostiene que aún no puede determinarse cuánto perderá o ganará cada comuna. “La gran conclusión es que la reforma no tiene el debido respaldo técnico, no se hicieron los estudios”, afirmó.
Aplicación podría generar dudas
La abogada y notaria Stephany Palencia explicó que una tasa cero no equivale jurídicamente a una exención. Aunque el propietario no pague IUSI, el inmueble continúa afecto al impuesto y mantiene obligaciones ante las municipalidades.
Palencia asentó que el decreto debería definir expresamente qué se entiende por inmueble residencial, mixto y comercial para evitar controversias.
Las dificultades podrían surgir principalmente en propiedades arrendadas o de uso mixto, donde las municipalidades deberán determinar qué régimen corresponde.
Por su lado, el presidente Bernardo Arévalo informó que el Ejecutivo analiza los aspectos técnicos y políticos del Decreto 18-2026 antes de decidir si lo sanciona o veta. El mandatario señaló que deberá establecerse si la reforma responde a una necesidad de la población o si obedece a intereses políticos.
“Es una consideración que tiene ángulos técnicos y ángulos políticos”, afirmó Arévalo durante la conferencia La Ronda.
Para la politóloga Gabriela Solórzano, reducir un impuesto también representa un mensaje político sencillo de comunicar a la ciudadanía. “El principal beneficio político sería construir una imagen de diputados que están defendiendo el bolsillo de los ciudadanos”, expresó.
Sin embargo, Solórzano advirtió que el beneficio no alcanza de la misma manera a toda la población, debido a que favorece directamente a quienes poseen una vivienda y no a quienes alquilan. “Una medida puede ser popular y políticamente rentable, pero eso no significa automáticamente que sea la política pública más justa o sostenible”, concluyó.
