• El cierre del proyecto histórico en Petén plantea un nuevo capítulo en conservación. El Estado asume ahora la administración de infraestructura y recursos estratégicos en la zona protegida.

El 12 de agosto de 2025 marcó el final del contrato 2-85 entre el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la compañía petrolera Perenco, el cual permitió que durante casi cuatro décadas la firma franco-británica operara en el campo Xan, en San Andrés, Petén, dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre. Con ello, Guatemala cerró un ciclo de explotación y tomó el reto de gestionar directamente la transición.

El Gobierno declaró emergencia institucional para proceder con el final técnico de las instalaciones y el desmantelamiento de 61 pozos. Entre los activos transferidos al Estado destacan el Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos (SETH), una pista de aterrizaje, un centro de salud y un ferry en el río San Pedro. Según el MEM, cinco empresas presentaron cartas de intención para ejecutar el proceso, que será supervisado por la Comisión Nacional contra la Corrupción.

El presidente Bernardo Arévalo asegura que el Ejército, la Policía Nacional Civil y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas reforzarán la seguridad en la zona, mientras que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales junto al CONAP, elaboran diagnósticos para evaluar pasivos ambientales y diseñar planes de restauración de la cobertura boscosa y las fuentes de agua.

En el plano administrativo, el Acuerdo Ministerial 207-2025/SG autorizó la contratación de emergencia para el cierre de los pozos en un plazo de 45 días, sin necesidad de licitación, con el fin de agilizar la transición y prevenir riesgos técnicos o ambientales.

Sin embargo, Guatemala carece de un marco normativo específico para el desmantelamiento de proyectos petroleros, por lo que el Ejecutivo impulsa una iniciativa de ley que regule este tipo de procesos.

Grandes desafíos

La salida de la compañía deja al Estado frente al reto de recuperar un área caracterizada por presiones como la ganadería extensiva, invasiones y actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico. El analista político Luis Fernando Mack advierte que, si bien el Gobierno promueve la recuperación ambiental, persisten los problemas estructurales.

El cierre también afecta directamente a las comunidades locales, por la pérdida de empleos y beneficios asociados a la operación petrolera. Mack sugiere que es importante diseñar estrategias de transición laboral que eviten un vacío económico y social en la región.

El fin de operaciones implica la pérdida de la mayor parte de la producción petrolera nacional, con posibles efectos sobre los ingresos fiscales y la economía local. El experto apunta que, si no hay una planificación clara, los costos de la operación podrían superar los beneficios que antes aportaba Perenco, en referencia al mantenimiento de la planta y los riesgos ambientales asociados.

Más allá de la gestión técnica, la decisión tiene un peso político. “Este caso puede sentar un precedente: si la gestión estatal fracasa, se reforzará la percepción de que retirar concesiones sin planificación resulta contraproducente”, subraya Mack, al manifestar que el cierre respondió más a un cálculo político que técnico, lo que genera incertidumbre sobre su efectividad.