- Unas 150 personas dependen del reciclaje dentro área administrada por AMSA.
A menos de tres meses para el cierre programado del vertedero controlado del kilómetro 22, en Villa Nueva sobre la ruta al Pacífico, recicladores y recolectores de base mantienen la incertidumbre sobre las medidas que podrían implementarse para las personas que obtienen ingresos de las actividades en el lugar administrado por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA).
El cierre técnico del vertedero continúa previsto para el 31 de agosto de 2026, luego de años de funcionamiento y ampliaciones relacionadas con la necesidad de mantener un punto de disposición final para residuos provenientes de distintos municipios del área metropolitana.
Carlos Alfredo Soto, presidente de la Asociación de Recicladores Estamos Aquí No Nos Olviden (ACEANO), explica que su preocupación se debe a que muchas personas dependen únicamente de los ingresos obtenidos mediante la recuperación de materiales reutilizables.
“El temor es quedarnos sin trabajo porque muchos vivimos únicamente de lo que se recolecta aquí. Hay quienes durante años han sacado adelante a sus hogares y todavía no saben qué pasará cuando el vertedero deje de operar. Algunos logran ganar Q 500 semanales y con eso sostienen a sus familias”, expresa.
Según el representante de ACEANO, unos 150 recicladores laboran en el vertedero realizando clasificación y recuperación de materiales como plástico, cartón, vidrio y metal.
Unos desarrollan sus jornadas sin contar con equipo completo de protección, como mascarillas, botas, guantes o caretas, a pesar de los riesgos sanitarios y ambientales.
“Nos organizamos para vigilar el área durante la noche y evitar incendios que puedan afectar el trabajo del día siguiente. Si ocurre uno ya no podemos entrar y eso significa pérdidas para muchas personas que viven de esto”, señala.
Impacto social
Zuleth Muñoz, defensora socioambiental de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), explica que la institución mantiene seguimiento a las mesas de diálogo y a las acciones relacionadas con los recicladores debido al impacto económico y social que podría generar el cierre del vertedero.
Además, apunta que representantes de recicladores solicitaron reuniones con el procurador para exponer sus preocupaciones.
De acuerdo con Muñoz, unas 120 familias dependen económicamente de las actividades de recolección realizadas dentro del vertedero.
“Lo que nos interesa es saber qué va pasar con estas personas. Dependen económicamente de toda la recolección diaria que realizan en el vertedero y por eso consideramos importante que haya opciones antes de que se concrete el cierre”, señala.
La defensora agrega que ingresan cerca de 2 mil 700 toneladas diarias de residuos, situación que continúa ejerciendo presión sobre la capacidad operativa del lugar.
“Como defensoría hemos realizado actuaciones en el Ministerio de Desarrollo Social, porque lo importante es conocer qué mecanismos podrían implementarse para apoyar a estas familias y evitar que queden desprotegidas”, afirma la funcionaria.
Ruta de transición
La directora ejecutiva de AMSA, Enma Díaz, asegura que hay mesas técnicas y reuniones interinstitucionales con municipalidades, empresarios, recolectores y representantes del sector de residuos sólidos para evaluar disposiciones antes del cierre.
La funcionaria añade que AMSA también mantiene acercamientos enfocados en propuestas relacionadas con procesos de transición y continuidad laboral para las personas que dependen económicamente del vertedero.
Por su parte, Soto explica que los recicladores esperan que las conversaciones sostenidas con autoridades permitan generar oportunidades laborales una vez finalicen las operaciones en el vertedero.
“Ya hemos participado en mesas de diálogo y esperamos que las opciones que se están evaluando también nos permitan continuar trabajando. Lo importante es que se tomen en cuenta a quienes durante años han dependido de estas actividades”, asegura.
