La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) impulsan la actualización del tarifario aeroportuario vigente desde 2002, con el objetivo de crear categorías específicas para aeronaves no tripuladas.
Guatemala registra únicamente 90 drones inscritos oficialmente, una cifra que las autoridades atribuyen, entre otros factores, al alto costo de la gestión. Para revertir esa situación, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) trabajan en una reforma al tarifario aeroportuario que permita establecer cobros acordes con las características de cada equipo y facilite su formalización.
El viceministro de Transportes, Fernando Suriano, explicó que el tarifario data de 2002, cuando el uso de drones no formaba parte de la actividad aérea del país. «El contexto era totalmente diferente; no había drones como los conocemos hoy», destacó.
Según el funcionario, la propuesta contempla categorías diferenciadas de acuerdo con el tamaño, la función y el valor comercial de los drones, con el propósito de evitar que un equipo recreativo sea tratado bajo los mismos criterios que una aeronave convencional.
«Buscamos que la tarifa tenga sentido por el tamaño, la función que desarrolla y la realidad del mercado», indicó.
El registro de un dron sujeto a inscripción tiene un costo de Q2,100. Según la DGAC, este monto representa una de las principales barreras para que los propietarios regularicen sus equipos. Andree Oliva, encargado de Vigilancia y Seguridad Operacional Aérea de esta dependencia, señaló que hay drones cuyo precio comercial es incluso menor que el costo del trámite de inscripción.
«Unos, de juguete cuestan Q500 o Q600, y la gente dice: ¿Voy a pagar Q2,100 para registrarlo?», asentó Oliva, quien expuso que la institución reconoce la necesidad de reducir esa tarifa; sin embargo, el cambio requiere un procedimiento administrativo que involucra a distintas entidades del Estado.
«La modificación del tarifario lleva un proceso estatal. Participa el Ministerio de Finanzas y finalmente debe aprobarse mediante un acuerdo gubernativo», apuntó. El funcionario añadió que este proceso ha retrasado la publicación de la regulación definitiva para la operación de drones en el país.
Medidas paliativas
Mientras la reforma avanza, la DGAC emitió una Directiva Operacional que establece las condiciones mínimas para el uso de aeronaves no tripuladas. La normativa define zonas restringidas alrededor de aeropuertos y aeródromos, además de límites de altura para disminuir riesgos durante la navegación aérea.
Oliva manifestó que cuando un dron pretende operar a una altura que pueda interferir con el tránsito de aeronaves tripuladas, la autorización debe coordinarse con los servicios de navegación aérea para prevenir incidentes, especialmente con helicópteros.
Asimismo, aclaró que no todos los drones deben registrarse. Los equipos con un peso inferior a 250 gramos, entre ellos algunos modelos recreativos comercializados por DJI, están exentos de la inscripción, un criterio que coincide con estándares adoptados por diversas autoridades aeronáuticas del ámbito internacional.
Suriano indicó que esta reforma es parte de las metas presidenciales para la recuperación y modernización del sistema aeroportuario nacional. Aunque evitó precisar una fecha para su entrada en vigencia, informó que el proyecto fue remitido al MICIVI, donde recibió 48 observaciones técnicas que ya son atendidas antes de continuar con el proceso legal correspondiente.
