- Expertos manifiestan apreciaciones encontradas después de que el Congreso de la República aprobara el uso de Q2 mil millones para paliar la crisis por alza en tarifas de combustibles.
Luego de mes y medio de discusión, el Congreso de la República aprobó el decreto 11-2026, “Ley de apoyo de emergencia para los consumidores de diésel y gasolina”, la medida busca reducir los precios del combustible por su reciente incremento, atribuido al conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán.
El subsidio tendrá una duración de tres meses y su financiamiento asciende a Q2 mil millones, equivalentes al 1.2 % del presupuesto nacional vigente. El monto será inyectado en la cadena de importación y distribución de combustible.
Los fondos, provenientes de un reajuste presupuestario, disminuyen los recursos asignados a los ministerios de Comunicaciones, de la Defensa y de Agricultura y, según lo planteado por las autoridades, no representarían un incremento en la deuda pública
Miguel Jolón, economista y catedrático universitario, explica que el consumo, la inversión, el gasto gubernamental y la exportaciones netas son los grandes agregados de la producción nacional.
Apunta que subsidios son herramientas que el Estado puede utilizar para intervenir en la economía y actúan como ayudas económicas destinadas al sector privado con el fin de mantener el consumo o incentivar mercados poco rentables.
Subraya que una disminución en el consumo puede reducir el crecimiento económico; sin embargo, la efectividad de los subsidios sigue siendo objeto de debate.
“El subsidio a los combustibles responde a una necesidad de corto plazo, busca amortiguar el impacto del alza de precios, especialmente en el diésel, que ha registrado un mayor incremento. El aumento del combustible se traslada de manera directa a los precios del transporte, energía y distribución. El subsidio persigue no solo ser un apoyo directo al consumidor, sino generar un efecto multiplicador en el ingreso disponible de las personas”, explica.
Jolón añade que, a diferencia de la reducción del Impuesto a la distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados (IDP), otra política propuesta por los parlamentarios, el subsidio tiene un efecto visible en menor tiempo y está vinculado al gasto gubernamental. Además, no reduce los ingresos fiscales futuros.
Por su parte, el ex viceministro de Economía y catedrático universitario Oscar Erasmo Velásquez, afirma que el subsidio a los combustibles es un caso extraordinario.
A lo largo de la historia, los Estados han utilizado esta herramienta con diferente finalidad. En la época mercantilista, pretendían el fortalecimiento de la industria para la acumulación de riqueza.
En la instauración del liberalismo económico, fueron cuestionados y considerados indeseables al distorsionar el funcionamiento del mercado. Fue durante la “Gran depresión” que recobraron relevancia como mecanismos para reactivar la economía.
En el caso de Guatemala, con la finalidad de incentivar el desarrollo agrícola e industrial, el Estado implementó exenciones, las cuales, según Velásquez, actúan como subsidios indirectos.
A partir de la década de 1960, los subsidios se implementaron para incentivar sectores como el transporte, la energía o la educación, alineandose con las políticas propuestas en los estados de bienestar.
El exfuncionario señala que el periodo de aplicación de la medida es de corto plazo y su financiamiento no involucra deuda pública, por lo que no representaría un sacrificio fiscal significativo.
Su efectividad podría hacerse evidante al estabilizar los precios del combustible, resaltando que la disminución en el precio del diésel tendría un efecto positivo en la reducción del costo de distribución y transporte.
Asimismo, agrega que el reajuste presupuestario no afecta sectores prioritarios para la población, como salud o educación. Sin embargo, indica que la medida pudo haberse adoptado de una manera más integral, incluyendo la reducción de aranceles a otros productos intermedios y derivados del petróleo, como los fertilizantes o el gas.
Desde el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), por medio de un comunicado se desaprueba la medida, pues considera que el beneficio dependerá del nivel de consumo y no de la necesidad real, lo que abre la posibilidad de fuga del beneficio hacia importadores, distribuidores o sectores con mayor capacidad de consumo.
Hugo Maul, economista y analista del CIEN, en recientes publicaciones sostiene que la implementación del subsidio no reduce de manera real el precio del petróleo, ya que es establecido en el mercado exterior, y que solamente modifica quién lo paga hoy por quién lo pagará mañana.
Además, resalta que es una medida temporal para paliar un problema estructural e incierto, por lo que la desestima por “prematura y poco focalizada”, pudiendo ser insuficiente si el conflicto y el alza no menguan en los siguientes meses.
A pesar la acción congresil, la aplicación del subsidio depende del reglamento que deberá elaborar el Ministerio de Energía y Minas.
El desarrollo del conflicto entre Irán y Estados Unidos es incierto, y la medida podría contribuir al sostenimiento del consumo durante el corto plazo, aunque su efectividad depende de la evolución de los precios y la capacidad estatal para fiscalizar y focalizar este tipo de ayudas.
