Opinión
El lujo del transporte público
El tráfico en la ciudad es un problema que parece no tener fin. Dos horas diarias para desplazarse entre el hogar y el trabajo es una realidad que muchos enfrentan con resignación. No es para menos: según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para enero de 2024 ya hay más de 5 millones de vehículos registrados en Guatemala.
La pandemia de Covid-19 en 2020 agravó la situación. Ante el colapso del transporte público, muchas personas decidieron invertir en un vehículo propio. Sin embargo, la reactivación del transporte trajo consigo un aumento del 100% en las tarifas. Por ejemplo, la ruta de El Trébol, en la zona 7 de la capital, a Ciudad Quetzal pasó de costar Q5 a Q10, y otras rutas simplemente desaparecieron. La excusa fue que los autobuses solo podían operar al 50% de su capacidad, pero esa restricción quedó en el olvido. Hoy los buses siguen cobrando el doble, pero con su capacidad al máximo. Y, hasta la fecha, la Dirección General de Transporte no se ha pronunciado al respecto.
¿Por qué? Porque enfrentarse a los transportistas es impensable. Este gremio controla un negocio lucrativo, mientras el transporte público, lejos de ser un servicio accesible, se ha convertido en un lujo.
Para ilustrarlo, pongamos un ejemplo: una persona que viaja de Ciudad Quetzal a la zona 10, específicamente al Obelisco. Primero, debe pagar Q10 por un bus o taxi de su localidad hasta El Trébol, luego Q5 por otro bus que tarda más de 30 minutos en llegar, o subirse a un taxi «pirata» por otros Q5. Por la tarde, el mismo taxi cobra Q10, más los Q10 del bus de regreso a casa. En total, son Q35 diarios. Considerando que el salario mínimo en Guatemala es de Q110.97 diarios, esto significa que un guatemalteco promedio gasta más del 30% de su salario en transporte.
Esto no incluye que el recorrido es corto: de El Trébol al Obelisco son apenas 5 kilómetros, lo que implica que cada pasajero paga Q1 o Q2 por kilómetro. Antes de la pandemia, ese mismo trayecto costaba Q0.20 por kilómetro. El incremento ha sido de más del 500%.
Y si el costo no fuera suficiente, está la inseguridad. Los taxis «pirata», además de operar fuera de cualquier marco legal, se han convertido en instrumentos para el blanqueo de dinero, como reveló una investigación de Claroscuro Noticias. Citando un caso: «El pandillero José Alberto Mendoza, alias ‘El Smoking’, adquirió una flotilla de taxis piratas utilizados en las colonias Lo de Bran, Carolingia, San José Las Rosas y 1ro de Julio, en Mixco, para extorsionar desde Tapachula». A esto se suman los secuestros, asaltos y asesinatos que ocurren en estos vehículos, que no están regulados ni controlados.
En agosto, como medida reactiva, se llevaron a cabo retenes para intentar frenar la operación de estos taxis. Sin embargo, esto no es más que un paliativo superficial. El verdadero problema es la falta de un sistema de transporte público eficiente, seguro y accesible. Crear uno parece una tarea imposible, ya que ningún gobierno ha demostrado interés en resolverlo de manera efectiva. Proyectos como el Transurbano y el Transmetro, que en su momento fueron presentados como soluciones, terminaron hundidos en la corrupción.
Mientras tanto, seguimos atrapados en el tráfico, soñando con un sistema de transporte digno, donde tener vehículo propio sea una opción, no una necesidad. Pero ese sueño parece lejano, y mientras tanto, nos toca seguir esperando horas para llegar a nuestro destino.