Estado de Calamidad y Cintura Política

Según Plaza Pública, hasta principios de julio, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) documentó 945 incidentes en el país desde que se inició la temporada de lluvias tales como inundaciones, socavamientos, hundimientos, caída de árboles etcétera, que son reiterativos en todos los inviernos.

El 8 de julio se publicó el Decreto Gubernativo 2-2024, mediante el cual se decreta Estado de Calamidad Pública en toda la República. La Ley de Orden Público regula los estados de excepción, tal como el indicado, el de Prevención, de Alarma, de Sitio y de Guerra. Con referencia al de calamidad pública la ley regula que podrá ser decretado por el Ejecutivo, debidamente justificado, para evitar en lo posible los daños de cualquier calamidad que azote al país o a determinada región, así como para evitar o reducir sus efectos.

El Ejecutivo justificó el Decreto señalando el alto índice de acumulación de lluvia y saturación actual de los suelos en el territorio nacional, lo que aumenta el riesgo de experimentar desastres naturales. Por, ello, el gobierno consideró necesario dictar las medidas para evitar o mitigar los efectos derivados de los fenómenos meteorológicos que inciden en la red vial y en la infraestructura destinada a la prestación de servicios públicos esenciales, por lo que facultó al Ejecutivo a tomar medidas como limitar el derecho de locomoción, ordenar la evacuación de los habitantes de las regiones afectadas o que estén en peligro, así como autorizó a determinadas instituciones a realizar la adquisición de bienes, suministros, obras y servicios indispensables para solucionar las situaciones por las que se emitió sin necesidad de cumplir con los procedimientos de la Ley de Contrataciones del Estado.

Después de su emisión, el decreto se envió al Congreso de la República para su ratificación, modificación o improbación. El Organismo Legislativo decidió no aprobar el Estado de Calamidad, por lo que quedó sin efecto.

El análisis para aprobación de un Estado de Calamidad puede hacerse desde varios puntos de vista, pero en este caso, la preocupación parece ser la libertad que pudo gozar el Ejecutivo para adquisición de bienes y servicios de forma inmediata para atender la emergencia.

Un Estado de Excepción se puede decretar para todo el país o para un área geográfica específica y las contrataciones que se realicen deben registrarse en Guatecompras y ser fiscalizadas por la Contraloría General de Cuentas. En este caso se decretó para la atención de la red vial en todo el país, por lo que puede plantearse temor por lo disperso del gasto que dificultaría su control. Asimismo, puede señalarse que, por una pésima ejecución de un presupuesto de mantenimiento preventivo, ahora se presiona para la aprobación del Estado de Calamidad Pública, pero, en contrapeso, se puede argumentar los apenas seis meses de este gobierno y «Las ratas encontradas en cada gaveta que han abierto», como decía la anterior ministra de comunicaciones.

La discusión en el Congreso de la República debió ser amplia, técnica y de fondo, pero los discursos de oposición fueron una vergonzosa verborrea, y muchos analistas señalan la falta de habilidad política del presidente de la República y de los diputados oficialistas para alcanzar acuerdos, pero ¿Qué acuerdos pretendían que se alcanzaran? El fantasma de la corrupción con compra de votos o favorecimiento de determinadas empresas es lo que está en el imaginario social. La cintura política significa saber abordar los temas de fondo y saber escuchar para llegar a un punto de acuerdo, pero con una finalidad clara que es resolver el problema que justifica el Estado de Excepción. Por ejemplo, se puede acordar que se focalice en un área específica, para que su control sea más efectivo y posteriormente, si se presentan las necesidades, decretarlo para otros puntos.

Así como la burocracia no debe ser sinónimo de lentitud, la cintura política no debe ser sinónimo de corrupción, es decir, no se debe seguir normalizando.